Argentina se plantea nacionalizar YPF

La crisis internacional no ha afectado a todo el mundo por igual, sino que ha habido lugares a donde ha llegado más tarde o en los que sus efectos no han sido tan arrasadores. Pero al final llega, tal y como está pasando en Latinoamérica. Este retraso viene provocado por la gran bonanza de Brasil y el crecimiento vertiginoso de Argentina en estos últimos años. Pero Brasil lleva casi dos trimestres sin crecer y Argentina posee una alta inflación. Si cae Brasil, esta región del planeta sucumbirá a la crisis internacional. Argentina quiere evitarlo, pero por sus propios medios no le es posible, aún sigue siendo un país eminentemente exportador de materia prima e importador de bienes procesados. La política de privatización en manos extranjeras durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) tiene alta culpa, frenando la incipiente independencia industrial y tecnológica y poniendo, sin contraprestación, en manos extranjeras la gestión y salida de recursos naturales.

Hoy en día, en un clima político argentino inestable se intentan recuperar las antiguas empresas nacionales, aun sin tener la capacidad de gestionar de vuelta a éstas. Sospecho que estas políticas son para crear un fondo de patriotismo rozando el populismo y cortinas de humo para lo que se avecina, que tiene pinta de ser muy duro.

En estos últimos días ha surgido con fuerza la idea de renacionalizar la petrolera YPF, cuya mayor parte de sus acciones —el 57,43%— pertenece a REPSOL, mientras que el resto es una suma de inversores —donde destaca la influyente familia argentina Eskenazi, con un 15% de las acciones que le vendió la petrolera hace cinco años a cambio de ciertos beneficios. Esta empresa es el mayor productor de hidrocarburos de Argentina, el mayor contribuyente fiscal y uno de los principales empleadores, con una plantilla de 13500 empleados. REPSOL controla el 32% de la explotación de petróleo y el 23% de la de gas de Argentina y posiblemente llegue a ser mucho más tras el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta. Las inversiones y producción de la petrolera española aumentan año a año y en 2011 se alcanzaron cifras de 2300 millones de inversión. YPF dedicó ese año 1550 millones de euros a exploración y producción, 732 millones a refinación, logística y comercialización y 38,3 a otros tipos de inversiones. Esto sin contar la cantidad de impuestos que pagan periódicamente: 4880 millones de euros el año pasado.

A pesar de estas cifras boyantes muchos dirigentes políticos apuntan a nacionalizar la petrolera por insuficientes inversiones y dejadez a la hora de ensayar nuevas prospecciones para localizar nuevos yacimientos. El diputado Fernando “Pino” Solanas, fiel a su política de recursos nacionales y renta equitativamente distribuida, argumenta que REPSOL-YPF únicamente invierte en 10% de los beneficios que consigue, además de no respetar la legislación sobre conservación del medio ambiente tras la contaminación de varios acuíferos. Este desbalance es el que tienen en contra de la empresa española, puesto que se ve como un nuevo colonialismo en búsqueda ya no de metales preciosos y evangelización forzada, sino de hidrocarburos. Esquilmar un país de sus bienes sin dar nada a cambio es una práctica que en la actualidad debe ser desterrada como procesos de siglos anteriores. Bajo un respeto al medio ambiente y unos contratos rigurosos una empresa puede beneficiarse, contribuyendo a la mejora del país en el que extrae la materia prima, reinvirtiendo y creando empleo y posibilidad de que el Estado (o la Provincia) pueda algún día ocuparse, no en monopolio quizás, de las tareas de extracción.

La Constitución argentina de 1853, en su artículo 124 indica que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, por lo que el Estado no tiene influencia directa en el control de sus recursos a menos que haya una delegación explícita o no entren en materia de armonización provincial o conservación del medio ambiente. Por tanto, no hay una política seria de nacionalización, observándose multitud de contrariedades por parte de las provincias involucradas. El Gobierno, tras la llamada del Rey de España hace unas semanas, habla con rodeos y desdiciéndose cada minuto sobre si fomentar o no políticas de nacionalización, abandonando por tanto la anterior política de nacionalizar a toda costa. Aparte de las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén (más Río Negro, que se ha sumado recientemente), se van a sumar a la supresión de la licencia Mendoza, La Pampa y Salta, olvidando que la cláusula de renovación caducará en 2015. Muchos políticos cursan invitaciones para el acto de supresión de la licencia en un claro gesto propagandístico más que de interés de conservación de los recursos. Como demostración de que más que ideas de nacionalización hay afán de protagonismo se puede mencionar que los pozos cuya licencia de explotación se va a retirar no reporta más de un 7% al total de extracción de crudo de YPF, junto con que son pozos con sus reservas ya prácticamente agotadas. Mientras tanto, las dudas provocan el temor a la gente para que invierta de manera bursátil en la empresa, con el resultado consecuente de que ni Argentina ni España están saliendo beneficiadas de tantos intentos timoratos y con afán publicitario.

¿Qué pasa con las Malvinas?

Durante estas dos semanas las tensiones entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas (Falkland Islands en inglés) han subido de tono vertiginosamente y más por la reciente llegada del príncipe inglés Guillermo, además del envío de apoyo militar a las islas -un submarino nuclear cargado de misiles y un barco de guerra-. ¿Por qué este recrudecimiento? Parece ser que, en contra de las declaraciones oficiales sobre el caso, hay yacimientos petrolíferos rentables y han desplazado maquinaria para realizar prospecciones y extracción. Además, la plataforma continental entre el continente americano y las islas es muy extensa y no cae en picado a las pocas millas náuticas, por lo que es un caladero excepcional de pescado. Debido al esquilmado de los recursos costeros de otros países, poder controlar dicha plataforma continental es de suma trascendencia. Siempre ha habido este tipo de reclamaciones por parte de Argentina, pero en la actualidad hay un bagaje de choques diplomáticos previos que han elevado las tensiones -junto a la renuencia de los hospitales argentinos a tratar a los isleños-, unido a que los organismos internacionales sudamericanos han empezado a apoyar a Argentina, declarándose a favor de la devolución de las islas y bloqueando sus puertos a los buques con bandera de las Malvinas. Hoy, según parece, sólo existe un vuelo chileno hacia las islas.

Pero estas discordias vienen de lejos. Los registros históricos no aclaran mucho sobre quién descubrió el archipiélago, aunque siempre se barajó la posibilidad de que fuera un español o un portugués, y en menor medida alguien de Inglaterra. Fue el holandés De Weert quien fijó en 1600 las coordenadas de las islas y quien aportó pruebas de su llegada, confirmado el hecho en 1690 por el inglés Strong. Algunas expediciones arqueológicas han encontrado restos de poblaciones indígenas del continente aunque hasta el asentamiento de colonos franceses allá por 1764 nunca fue de forma permanente. Sin embargo, atendiendo al Derecho Internacional vigente en el siglo XV, quien avistaba o pisaba tierra podía reclamar ésta para su país, por lo que España procuró la evacuación de la colonia francesa y la llegada de españoles procedentes de los virreinatos americanos, sobre todo del virreinato del Río de la Plata, fundado en 1776. Esta ocupación permanente tuvo fuerte peso en la alegación contra Reino Unido por un asentamiento que realizó proclamando que para reclamar soberanía además de avistada una tierra ha de ser habitada. Este mencionado conflicto fue el culmen, ya que desde 1740 ambos países habían contendido para asegurarse la soberanía, cuestión nunca dirimida pero con España favorecida al tener colonias americanas cerca de la zona.