Derecho de manifestación y sus márgenes en España.

Manifestaciones en Valencia

En este momento es actualidad en España las manifestaciones que se están dando en Valencia contra el estado ruinoso de los centros públicos en esta Comunidad. Los alumnos llegan a quejarse de que no hay calefacción y tienen que ir con mantas a clase, entre otras cosas.

Dejando de lado el estado en que pueda encontrarse la educación en Valencia (y en España) que daría para varios artículos y que es un tema en el que yo no tengo conocimientos profundos; el principal motivo de la notoriedad de estas noticias es la naturaleza de las intervenciones policiales que se han ido sucediendo contra estas manifestaciones. Por un lado, el Partido Popular se dedica a afirmar que la actuación de la policía ha sido proporcionada, dentro de la legalidad y que en general se mantiene la normalidad salvo grupúsculos radicales, mientras que el PSOE, a miércoles 22 de febrero ha afirmado en la sesión de control al gobierno, por medio de su portavoz, que se han observado escenas intolerables de represión policial. Otro diputado del PSOE ha dicho que algunos manifestantes habían sido “brutalmente apaleados“. Izquierda Unida no ha aportado mucho más al respecto que lo que ya ha dicho el Partido Socialista.

El caso es que nuestro Congreso, de nuevo, se convierte en el ruedo de la contienda política de epítetos y calificaciones. Que si brutalidad, que si actuación dentro de la legalidad y proporcionada… entramos en la típica lucha que más le gusta a nuestros dos principales partidos. Al PSOE porque es populista y piensa que si consigue demonizar las actuaciones policiales, el PP —que las defiende— perderá apoyos en la ciudadanía; mientras tanto, el PP entra al trapo porque  le interesa más hablar de manifestaciones en Valencia que de  datos económicos, y porque le conviene que el PSOE siga en la lucha del “que vienen los fachas” y no en la de las ideas. Y el PSOE le da el gusto, ¡cómo no!  Sin embargo, ninguno hace nada por arreglar el problema. Se olvidan de que la labor principal del Poder Legislativo es legislar, y si hay un problema tienen los cauces legales para resolverlo de aquí en adelante. Pero no lo hacen. Mucho ruido y pocas nueces, como siempre.

¿Cuál problema, de tantos como hay en España? Bueno, ya he dicho que no iba a hablar de la educación, sino de las manifestaciones y las actuaciones policiales en sí. Indudablemente, en España existe un problema respecto de las manifestaciones.

El problema es que el marco jurídico existente es mínimo, si echáis un vistazo a la Ley 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión lo comprobaréis por vosotros mismos. Os vendrá bien además, para conocer vuestros derechos mejor. Como veis, esta ley tan escueta no llega ni a la docena de artículos y deja demasiados interrogantes en el aire.

¿Qué sanciones se impondrán si se ocupan las vías públicas taponándolas sin autorización? Es más, ¿se puede imponer alguna sanción? ¿Y si se hace la manifestación a la puerta de, por ejemplo, una biblioteca, y no se deja entrar a nadie, o de un comercio con vistas a causarle la ruina (esto es más frecuente en los piquetes laborales, pero el marco legislativo es similar)? ¿Cuándo debe ceder el derecho de los manifestantes a ocupar la calle frente al derecho de los demás a utilizarla para transitar y a la inversa?

Pues la ley no nos da ninguna solución, así que todo queda al arbitrio del poderoso de turno. A alguno puede no parecerle que el marco legal tenga importancia alguna, pero la tiene y mucha. Para empezar, con esta misma ley, si a las autoridades les diera la real gana, podrían permitir una manifestación orquestada por y para plantarse a la puerta de la casa particular de una autoridad pública y hacerle la vida imposible.

Tampoco se marca la duración máxima de una manifestación, lo que puede suponer que tanto se permita una manifestación en Sol con acampada de un mes de duración, como que al siguiente día decida la autoridad desalojar a todo el mundo. Tampoco se prevén sanciones, ni se hace referencia a ley externa alguna que pueda establecer sanciones por el uso extralimitado del derecho de reunión y manifestación, más allá de prohibirse las manifestaciones sancionadas por leyes penales. Esto no nos resuelve el problema en absoluto ya que puede haber casos en que una manifestación, sin cometerse en ella delitos, suponga una privación intolerable de la vía pública, por ejemplo (imaginemos una manifestación que bloquee las urgencias de un hospital, o simplemente el Paseo de la Castellana en hora punta).

Esto supone, en la práctica, que cuando las autoridades políticas deciden dentro de su prudente arbitrio que hay que disolver una manifestación, los policías se ven forzados a usar el único medio que tienen a su disposición: la fuerza. ¿Por qué? Evidentemente, porque no tienen otro medio de actuación, no hay cauces legales para la actuación contra los manifestantes si se exceden, ni está previsto de forma clara qué es excederse, más allá de las vías de hecho que suponen las cargas policiales. Si detienen a una persona, ¿con qué cargos? Si les dicen a los manifestantes que se deben marchar de ese sitio y disolverse, ¿con qué amenaza sino con la de la porra? ¿Y con qué solución alternativa para el ejercicio de su derecho a la manifestación?

Lo peor de todo esto es que mientras todas estas lagunas llevan existiendo desde 1983 (en ciertos ámbitos no hemos avanzado nada desde la Transición; de hecho, la legislación reguladora del derecho de huelga vigente es anterior a la Constitución), en España nuestros dos grandes partidos políticos —el PP y el PSOE— no hacen nada de nada para solucionarlo. ¡Y no porque no se hayan dado casos en que se haya planteado el problema! Ya con Aznar mucha gente se quejó de las cargas policiales, pero también con Felipe González. Y, sin embargo, el PPSOE sigue donde siempre: en la política inoperante de los epítetos, de las descalificaciones y las acusaciones. Insisten en echarse la culpa siempre los unos a los otros, pero las soluciones no son de ninguno. Y así siguen las cosas.

Como muestra un botón, comparad estas actuaciones policiales:

Ésta es de Valencia:

Policías corriendo detrás de gente y dando porrazos. Causando, básicamente el caos. Como veréis, ni un policía lleva cámara, o al menos si lo hay se esconde bastante bien, porque he repasado otros vídeos y tampoco he visto ninguno. Y eso que a la autoridad debería interesarle identificar a los delincuentes, ¿no?

Esta otra es de Helsinki:

Observad cómo la policía quiere evitar que los manifestantes ocupen una calle y hacen un cerco policial. Prestad atención a cómo actúan: como un muro —simplemente van desalojando a la gente sin grandes aspavientos—, y cómo arrestan a quien comete cualquier delito, no actuando de forma indiscriminada. Detrás tienen un autobús policial para los arrestados.

¿Hay algo así en España? No, aquí se actúa sin tener medios para arrestar a nadie (porque propiamente no se está cometiendo ningún delito ni nada sancionable) y, por supuesto, sin grabar, porque los perjudicados pueden ser los policías y ellos lo saben, ya que viven con la inseguridad jurídica de moverse en un marco inestable donde no se sabe muy bien hasta dónde llegan sus competencias para actuar en el desalojo de la vía pública. Por un lado, se les manda ir con la porra y por otro, si se pasan con la porra pueden ser despedidos. Por esto, en España la actuación policial está siendo devaluada: porque a los policías se los fuerza a actuar sin darles cauces legales firmes, de forma que el uso legítimo de la violencia —cuyo monopolio tiene la propia Policía— sea el último recurso . Y eso es propio de república bananera, no del siglo XXI. Sin perjuicio de que las extralimitaciones de policías puntuales deban ser perseguidas por la vía de lo penal, para lo cual, por suerte, sí hay cauces.

Y así seguimos, ya más de treinta años después de la llegada de la Democracia, sin que algo tan básico como es el derecho de reunión y manifestación sea regulado de forma satisfactoria.

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Publicado el 24/02/2012 en Política Nacional. Añade a favoritos el enlace permanente. 2 comentarios.

  1. Me ha parecido muy interesante tu aportación, pero ya que estamos hablando del tema voy a hacer un par de aportaciones basadas en experiencia propia, estuve en la manifestación pacífica que se hizo el día en que Camps iba a presentar su tesis doctoral en la universidad de Elche.
    Allí los policías nacionales actuaron de la siguiente manera: nosotros estábamos en un parking enfrente del edificio en el que iba a presentarse la tesis doctoral, una media hora antes de la llegada de ex-presidente, y con la escusa de que este parking tenía que ser utilizado para coches oficiales nos dijeron que allí no podíamos estar, ante tal respuesta yo le dije a un policía “¿nos podemos poner entonces ahí delante?” señalando la entra del edificio, aquí es cuando recibí el primer empujón, sin darme ninguna respuesta. No queriendo insistir más en el tema, me fui hacia atrás, otros amigos insistieron algo más y se llevaron más empujones. Ahora viene lo más “gracioso”, en vez de hacer un perímetro de seguridad al rededor de edificio en cuestión (como luego contaron los medios de comunicación), nos rodearon, es decir, unos 40 o 50 policías nos rodearon para que estuviéramos lo suficientemente alejados como para no causar demasiado follón y con un poco de suerte no se nos oyera.
    Quiero destacar que esto NO era una medida de seguridad hacia el ex-presidente Camps, ya que otras personas, que simplemente llegaron un poco más tarde se pudieron acercar a el sin ningún problema, de hecho, el padre de un amigo le habló a poco menos de un metro de distancia, así que no me vale la excusa. En la Comunidad Valenciana hace ya tiempo que las cosas son así, no se encargan de proteger a unos ni a otros, si no de callarnos la boca. Y como decía una madre del Lluis Vives, para eso que usen esparadrapo, no porras…
    Por último, diré que la situación de privación de nuestra libertad de movimiento (ya que no podíamos salir del circulo que habían hecho los policías entorno a nosotros) se alargó durante más de 3 horas, y que allí no habíamos personas violentas, ni mucho menos, y que los momentos más tensos (por estúpido que parezca) se produjeron cuando un grupo de madres querían salir a recoger a sus hijos del colegio y la policía no les dejaba!!
    La verdad es que fue una situación bastante quijotesca…
    Ya para acabar quiero decir que, como siempre, la mitad no llevaban la placa y que si les preguntabas o les pedías que te la pusieran casi todos (una me hizo caso y se la puso) te ignoraban…
    Un saludo y perdón por extenderme tanto, pero bueno, así tenéis algo de primera mano.

  2. Desde luego que las actuaciones de la policía en la CAV se están saliendo de lo lógico y ordinario. De todas formas, respecto del cerco, te diré que yo viví una historia aún más surrealista que luego te paso a contar.

    Todavía puedo entender que la policía pensase que ya que ibais allí “a por Camps”, aunque fuese a expresar vuestra disconformidad con él, esta considerase oportuno hacer un cerco de seguridad por si algún energúmeno usaba la excusa para cometer alguna barbaridad. Aunque lo de haceros un cerco para dejaros “encerrados” no tiene excusa posible y lo de las placas menos. Aquí volvemos al mismo problema: La falta de cauces legales para la sanción ágil de las actuaciones que se salen de lo proporcionado y/o legal.

    Bueno, paso a relatarte mi anécdota. Estando yo en el instituto nos visitó Zapatero para una entrevista con los alumnos (la visita se haría famosa porque un chaval se saltó las preguntas dictadas que les habían dado para preguntarle qué entendía él por Nación). Una hora antes, a todos los chavales de Bachillerato nos sacaron al patio y nos llevaron hasta la otra punta para que no fuésemos a salir por la tele. Bueno, a todos no, dejaron a dentro a algunos alumnos (luego descubriríamos que porque sus padres tenían carnet del PSOE). Dejaron dentro a todos los de la ESO.

    ¿La razón? Que según nuestro director los de Bachillerato “eramos problemáticos”. Sí, lo éramos, si nos comparabas con los de la ESO, porque empezábamos a hacernos preguntas y nos quejábamos y eso no era bueno para la imagen de ZP que saliese por la tele.

    Lo mismo pasa con tu anécdota sobre Camps (aunque a nosotros no sólo nos restringieron la libertad de movernos, sino que hasta cortaron las clases durante toda la mañana), que al no existir márgenes legales sobre qué se puede y qué no se puede hacer para la seguridad de un político, pues a los policías se los mangonea para usarlos como una especie de guardia pretoriana. Algo que es total y absolutamente lamentable.

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